Ecuador: Procesos judiciales en casos de corrupción y medios de comunicación

Joshebeth Mena

Según el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo se define a la corrupción política como soborno, coima o peculado. Es la acción de abuso, desorden, cohecho, depravación, perversión y desmoralización que violentan las normas de un sistema legal imperante para satisfacer intereses personales u obtener beneficios para terceros. El Ecuador en la capacidad para luchar contra la corrupción ha obtenido un promedio de 4.19, según el Anticorruption Working Group, Americas Quartely and Control Risks, que evaluó la capacidad legal, nivel de democracia, manejo de instituciones públicas, sociedad civil, medios de comunicación y sector privado durante la pandemia COVID-19.  

La lucha contra la corrupción se ha convertido en un show político y una serie de persecuciones. Los medios de comunicación han tenido un rol sumamente importante en los últimos casos denunciados. A decir verdad, el aporte de varios medios ha sido clave para iniciar con la investigación y abrir múltiples casos de corrupción. El valor de los reportajes y las noticias sobre delitos han evitado impunidad, y han cumplido con su principal objetivo: informar.  

El Ecuador al igual que muchos países alrededor del mundo desde el inicio de la pandemia COVID-19, ha tenido que hacerle frente a los desafíos que intrínsecamente se manifestaron durante esta época. Nuestro país fue uno de los más afectados, según un informe de la BBC Ecuador poseía el mayor número de contagios y muertos per cápita de Covid-19 en Sudamérica. (Valencia, 2020). El sistema de salud estuvo totalmente colapsado en la provincia de Guayas. (La Hora, 2020) A partir de la declaración del confinamiento, el estado de emergencia y de excepción alrededor de los diferentes cantones del país; los roles administrativos de gobierno y funcionarios de servicio público tenían el deber de garantizar la seguridad ciudadana, su bienestar y velar por sus derechos. 

El caso de Ecuador es peculiar ya que se desato una serie de escándalos públicos sobre la mala administración y el mal uso de recursos estatales. Dado el sistema de gobierno abierto que están manejando los distintos cantones se vieron reflejados los valores sobre las compras públicas. .En la investigación mediática que realizaron los medios de comunicación se pudo denunciar y procesar varias actividades ilícitas por autoridades en el sector público. Hubo varias denuncias por compras con sobreprecio de insumos médicos, en los productos de kits alimenticios y en las pruebas PCR y pruebas rápidas. 

En un principio los medios de comunicación se mantuvieron al margen respetando los ritmos jurídicos para seguir cada caso de acuerdo a la ley. Pero ahora cada caso se ha vuelto un show televisivo más que un caso formal, razón por la cual han perdido credibilidad. Desde el punto de vista netamente legal, se han violado distintos derechos humanos entre ellos, el principio de presunción de inocencia, derecho a defensa y derecho a un proceso debido.  

Art. 5.- Principios procesales.-  El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas…” (Código Orgánico Penal) 

En el tema procesal penal los delitos contra la administración pública deben tener dos elementos: Indicio y Presunción. Entendiendo por indicio el vestigio o dato sobre lo ocurrido el cual debe ser objetivo. Mientras que cuando hablamos de presunción nos referimos a la construcción de un análisis lógico basado en un indicio. Lamentablemente en los últimos casos por la intervención de los medios y la participación inoportuna de seguridad nacional ha debilitado el poder judicial del país. Se han usado los datos de los medios como único desencadenante para iniciar un proceso penal llegando a altas consecuencias como prisión preventiva la cual distorsiona el caso. 

El deber de fiscalía sin más, es usar los datos brindados por los medios de manera mediática pero los mismos deben ser puestos a validación y corroborados por un fiscal para de esa manera crear una investigación formal, ahí podemos hablar de un indicio. Se ha dado prisión preventiva deteniendo a los acusados para investigar, cuando el proceso indicado antes de detener a alguien es tener una investigación previa. Esta presión por parte de los medios ha limitado la arbitrariedad y el principio de legalidad para buscar un estado de inocencia y culpabilidad ya que desde que un proceso penal toma un inicio el investigado debe ser consciente de ello. 

Los órganos de investigación de criminología al igual que los procesos judiciales se rigen bajo los tiempos del legislador y sus reglas constitutivas. Se ha creado una crónica amarillista alrededor de los casos de corrupción, poniendo en tela de duda el trabajo de fiscalía. Finalmente los medios de comunicación, sin intención de prejuicio, venden y se enfocan en lo llamado más media, se deben a un público. Se ha confundido el rol que ellos juegan dentro de un proceso judicial, aquellos que velan por la justicia nacional se deben a un lenguaje adecuado que no puede usar términos basados en interpretación, cosa que no sucede en los medios. La investigación de indicios no puede ser publicada hasta tener un sumario confirmado, debido a que no puede corromper en el delito de respetar el buen nombre de las personas, como en el caso de un delito doloso, además de exponer a terceros en casos de peligro constante. 

La separación de poderes es prescindible e importante. No se quiere hablar de llegar a extremos de censurar a los medios sino que sean responsables de su influencia y del gran papel que tienen dentro de la sociedad. Existe el principio de máxima publicación y principio de publicidad en casos de investigación procesal, pero su rol no puede ir mas allá de la fase pre procesal porque irrumpe en la creación de noticias falsas, además de que puede desmantelar casos enteros.   

Los shows mediáticos forman una tensión política e informativa que presupone contradicciones e incongruencia por los ritmos políticos y judiciales ya que no son compatibles. Sin embargo la lucha contra la corrupción ha hecho un llamado a la transparencia, por lo que actualmente en el Ecuador incluso se transmiten las audiencias. Para un trabajo legislativo eficaz esto resulta perjudicial en cuanto no se trate de temas de evaluación, se debería dar una retransmisión de la información y que los análisis de prensa no irrumpan en el desarrollo de un juicio. Como para la cobertura periodística es clave crear información y llevar una cobertura sobre datos actuales, para la justicia es imprescindible llevar un juicio, una sentencia dentro de un proceso debido.    

Referencias 

La Hora. (1 de julio de 2020). Hay provincias con mas muertos que Guayas y PPichincha por COVID-19. La Hora

Valencia, A. M. (2 de abril de 2020). Coronavirus:¿Por qué Ecuador tiene el mayor numero de contagios y muertos per cápita de Covid-19 en Sudamérica? BBC

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