Michael Walzer y Jus post Bellum

Autor: José David Benitez

Uno de los temas más controversiales, que ha generado gran cantidad de debates en la disciplina de Relaciones Internacionales es ¿cómo y por qué los estados deciden ir a la guerra? Ante esto, Michael Walzer reconoció la “teoría de la guerra justa” como una teoría normativa, con jus ad bellum, jus in bello y jus post bellum como pautas generales sobre cómo deberían aplicarse las intervenciones de países terceros para reforzar la ley y reducir las tragedias, especialmente en Estados que no pueden proporcionar seguridad y libertad a sus ciudadanos (Walzer 2012, 35-36). La “teoría de la guerra justa” establece que los principios de preservación de la vida, la justicia y la seguridad deben instituirse como máxima prioridad en casos de guerra e intervenciones. No obstante, en el presente trabajo se sostiene que una intervención completamente moral y desinteresada es imposible si se realiza de forma unilateral, es decir, por uno solo Estado. Esto debido a que las obligaciones morales de los estados interventores en las reglas establecidas en jus post bellum son muchas veces ignoradas y manipuladas para imponer nuevos regímenes que preserven, sirvan y estén alineados a los intereses del país interventor. Para defender esta tesis, primero se hará una breve explicación de la “teoría clásica de la guerra justa” y de cómo Michael Walzer establece el jus post bellum. Posteriormente se analizarán los casos de la intervención militar a Panamá y Granada por parte de Estados Unidos, como ejemplos de la imposibilidad de moralidad y neutralidad en intervenciones militares unilaterales.

Primeramente, es necesario establecer que la “teoría de la guerra justa” es una perspectiva clásica dentro de la teoría normativa de Relaciones Internacionales, la cual legitima las razones por las que se puede llegar a la guerra. Se aplican justificaciones morales de autodefensa y la responsabilidad de la protección de aquellos territorios en necesidad de seguridad mediante el uso de la guerra clásica o conflicto bélico, como un mecanismo aceptable que dé respuesta a las amenazas para la paz (Walzer 2012, 35). Estas reglas son parte de jus ad bellum, que son los propósitos razonables y reflexivos para hacer la guerra; jus in bello como la noción de seguridad humana durante la guerra; y jus post bellum como la restauración posterior de ambas partes en la guerra (Walzer 2012, 35-36). Entonces, desde la perspectiva de Walzer (2012, 43) jus post bellum debería ser una reconstrucción política donde los nuevos regímenes representen la necesidad real de la población y la alienación de los invasores. Aquí resulta necesario aclarar que Walzer no impone abiertamente ningún régimen específico, pero si afirma que la democracia es la mejor manera de lograr seguridad y libertad.

Para que jus post bellum sea efectivo es preciso que el Estado interventor sea neutral al conflicto, sin intereses y moralmente superior. Así es como Walzer establece cuales son las responsabilidades de un país a otro en situaciones de guerras interestatales, y entre el Estado con su propio pueblo. En este sentido, Walzer (2012, 38) sugirió que mediante intervenciones de carácter militar en muchas guerras corruptas e incompresibles, los resultados finales podrían haberse evitado probablemente mediante la “aplicación de la ley”, es decir, jus pos bellum. De igual manera, “Walzer se pregunta quién, cómo y cuándo ha de intervenir militarmente, y responde que cuando los crímenes causan grave conmoción al resto del mundo, cualquier actor en condiciones de detener esta situación no sólo puede intervenir, sino que debe hacerlo” (Valdivieso 2004, 238). Sin embargo, las intervenciones militares como una forma de proteger a las personas por parte de un Estado que sea neutral, sin intereses y moralmente superior, son solo un ideal ficticio, una utopía. En la praxis se puede encontrar evidencia histórica de que dichas intervenciones militares ha sido totalmente diferentes a como se establece en jus pos bellum.

Un claro ejemplo es la intervención de Estados Unidos en Panamá en el año 1989, denominada “Operación Causa Justa” donde 26000 soldados estadounidenses atacaron posiciones consideradas estratégicas para derrocar al general y gobernante de facto Manuel Noriega, ex dictadura militar de Panamá desde 1983-1989 (Blasco 2019). El justificativo de la intervención por parte del presidente americano George H. W. Bush fue que era necesario proteger la democracia y a los ciudadanos panameños porque el gobierno de Noriega era una narco-dictadura que estaba violando los derechos humanos y matando a los ciudadanos opositores (Blasco 2019). En este contexto, la intervención a Panamá de acuerdo a Walzer es justa, tal como lo menciona en la siguiente cita: “otros estados pueden intervenir, y yo diría que deberían intervenir para detener el asesinato, y para que los funcionarios responsables puedan ser llevados a la justicia ante tribunales internacionales” (Walzer 2012, 38). Si bien es cierto que las condiciones del país caribeño no eran las más ideales en cuanto a la democracia y a la seguridad, es evidente que la nación norteamericana no era neutral ante el conflicto, sino que tenía intereses económicos y geopolíticos puesto que deseaba mantener el control y defensa del canal marítimo panameño que desde su construcción estaba bajo concesión estadounidense. De igual manera, en la intervención panameña no se cumplió la condición de Walzer de una moralidad superior por parte de la nación interventora.  Pues tal como menciona Torres (2010), durante la intervención militar se bombardearon algunos sectores civiles que estaban cerca de bases militares, y se estima que murieron alrededor de 3000 víctimas civiles, agregando que muchas personas quedaron sin medios de sustento y sin hogar.

 Otro ejemplo a considerar es la intervención de Estados Unidos en la isla Granada el 25 de octubre de 1983. Conocida como “Operación Furia Urgente”, esta intervención militar fue una respuesta al asesinato de Maurice Bishop, quien había realizado un golpe de estado días anteriores a su ejecución, junto con el movimiento revolucionario de liberación New Jewel. Este movimiento derrocó al régimen corrupto de Eric Gairy quien era apoyado por Estados Unidos (Hernández 2019). El gobierno estadounidense justificó dicha acción con el argumento de que la seguridad y democracia de la isla caribeña estaba en riesgo por la presencia de grupos de izquierda comunista que estaban armado un bastión militar para exportar terror hacia la región (Hernández 2019). Análogamente con el anterior caso, para Walzer (2012, 35-36) esta intervención militar estaría justificada en la doctrina de jus post bellum, ya que el establecimiento del status quo ante es el principal incentivo que existe para hacer un uso legítimo de la fuerza en pro de alcanzar ese estado de paz que existió antes del conflicto. Esto también se contrasta la idea de Walzer quien dice que la democracia es el mejor sistema para lograr seguridad y libertad, señalada anteriormente. Sin embargo, la mayoría del pueblo caribeño estaba a favor de un cambio de régimen debido a la incompetencia, corrupción, y violencia del gobierno de Eric Gairy. Es aquí que podemos evidenciar que a pesar de que la población de la pequeña isla respaldaba fuertemente el cambio de un régimen, no hubo una neutralidad ni representación verdadera de los intereses de la población. Estados Unidos usó esta intervención militar como un mecanismo para imponer su ideología política y económica en la isla y la región.

En conclusión, Michael Walzer propone la doctrina de jus post bellum como un conglomerado de obligaciones que tiene que asumir un país interventor para ayudar a la reconstrucción político-económica de un país en conflicto. En jus post bellum se establece que la intervención debe ser completamente moral y desinteresada. Sin embargo, estas responsabilidades morales pueden ser obviadas muy fácilmente, tal como se evidencia en los casos de intervención a Panamá y Granada. De esta forma las intervenciones que se realizan de forma unilateral imposibilitan la correcta aplicación de jus post bellum, ya que como se ha observado, los países interventores, en la mayoría de ocasiones países potencia como Estados Unidos, utilizan la intervención militar para implementar nuevos regímenes que preserven y sirvan a sus propios intereses. Por ello es imperioso buscar y aplicar otras alternativas de intervención que permitan asegurar el cumplimiento de las obligaciones morales de jus post bellum que establece Walzer, o a su vez el replantear estos postulados por ser inviables en la práctica.

Referencias

Blasco, Lucía. 2019 “Invasión de EE.UU. a Panamá en 1989: cómo la “Operación Causa Justa” llevó a la caída de Noriega y la desaparición del ejército en el país centroamericano.” BBC News Mundo. Febrero 11, 2020. Consultado septiembre 12, 2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50685275

Hernández, Miguel. 2019 “Operación Furia Urgente: Estados Unidos invade Granada.” Historia Hoy. Febrero 14, 2020. Consultado septiembre 12, 2020.   https://www.historiahoy.com.ar/operacion-furia-urgente-estados-unidos-invade-granada-n1282

Torres, Antonio. 2010 “Hace 20 años los Estados Unidos invadieron Panamá.” La Haine. Febrero 12, 2020. Consultado septiembre 14, 2020.  https://www.lahaine.org/mundo.php/hace-20-anos-los-estados-unidos-invadier

Valdivieso, Patricio. 2004. “Reseña de “Reflexiones sobre la guerra” de Michael Walzer.” Revista de Ciencia Política 24, no. 2. Consultado septiembre 19, 2020. https://www.redalyc.org/pdf/324/32424217.pdf

Walzer, Michael. 2012. “The Aftermath of War. Reflection on Jus Post Bellum.” En Ethics Beyond War’s End, editado por Eric Patterson. Washington, DC: Georgetown University Press

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